Reingeniería a la Policía Nacional: del rechazo al abuso policial a la construcción de confianza

01 Junio 2021

Reingeniería a la Policía Nacional: del rechazo al abuso policial a la construcción de confianza

Según el artículo 218 de la Constitución Política de 1991, la Policía Nacional de Colombia tiene la función de mantener las condiciones necesarias para que los habitantes del territorio nacional podamos ejercer con tranquilidad nuestros derechos y libertades y asegurar que vivamos en paz. Esta es una tarea sin duda ambiciosa, que tanto la ciudadanía como los líderes políticos a veces toman con cierta ligereza, y que ante los acontecimientos que hoy vive Colombia despiertan discusiones de proporciones mayores.

Cumpliendo su función constitucional, la Policía Nacional ha asumido un amplio espectro de roles que han ido desde el combate contra grupos armados organizados hasta labores de promoción de la convivencia y de protección de la infancia y la adolescencia. En cada uno de esos roles, las actividades, operativos, protocolos y medios utilizados para realizarlos varían enormemente. Ahora bien, uno de los roles que más controversias genera, que ha contribuido a deteriorar la imagen de la institución y que hoy ha despertado un gran descontento social ha estado relacionado con su actuación en medio de la protesta social. Ese descontento lo vemos hoy en medio de la crisis política; lo vimos el año pasado en las manifestaciones de septiembre y también estuvo presente en noviembre de 2019. 

Y es que esa actuación de la fuerza pública en medio de las manifestaciones sociales ha estado acompañada por escándalos y denuncias de abuso de la fuerza y brutalidad policial, llegando incluso a desenlaces fatales de ciudadanos que hacían parte de las manifestaciones. La indignación social frente a ese tratamiento policial es inmediata y usualmente es contrarrestada con un sentimiento de intolerancia hacia la autoridad que desencadena un comportamiento violento hacia la fuerza pública. Esta dinámica se repite constantemente y tiende a elevar los niveles de violencia en las calles, configurando un escenario que se asemeja más a un enfrentamiento entre adversarios y desdibujando tanto la misionalidad de la Policía Nacional como los objetivos de la protesta pacífica; pero peor aún, dejando como víctimas a ciudadanos jóvenes, bien sean manifestantes o agentes policiales.

Ahora bien, no se puede desconocer que por fuera de la protesta pacífica existen expresiones de violencia y vandalismo que la Policía Nacional debe enfrentar. Éstas se aprovechan de la situación y al mezclarse con las manifestaciones no violentas -buscando usarlas como un escudo de protección- dificultan el accionar policial, cuyo objetivo debería ser garantizar la seguridad tanto de quienes se movilizan pacíficamente como del resto de ciudadanos que no hacen parte de las movilizaciones. Eso sí, esta dificultad no se puede convertir en una excusa para tolerar el abuso en el uso de la fuerza por parte de la Policía.

En esos momentos de crisis y tensión -que también se pueden dar frente a escándalos de corrupción o hechos específicos de abuso de la fuerza por fuera del contexto de la protesta social-, aparecen con frecuencia los llamados desde diferentes sectores de la sociedad para reformar la Policía Nacional como una solución -para algunos mágica- al abuso policial y al escalamiento de la violencia. Y es que bajo ninguna circunstancia es posible tolerar la brutalidad policial; por el contrario, esta debe ser rechazada y sancionada con la mayor contundencia posible. En ese sentido,  aunque una reforma policial no es una tarea fácil y requiere de un análisis profundo, sí se puede aprovechar esta oportunidad en que la discusión se encuentra nuevamente en la agenda pública para avanzar en propuestas urgentes que posteriormente den paso a asuntos de mayor profundidad.

Los escándalos y las denuncias frente al abuso policial deben conducir a investigaciones transparentes y expeditas que determinen si se incurrió, o no, en tales actuaciones, y con base en ello tomar las medidas disciplinarias y penales correspondientes. En ese sentido, aunque hoy existen unos mecanismos dispuestos para adelantar ese tipo de procesos al interior de la Policía Nacional, estos tienden a ser lentos y a funcionar bajo un secretismo que a veces resulta difícil lograr entender. Este es un elemento vital que se debe revisar, porque esa falta de claridad es fácilmente asociada por la ciudadanía con la impunidad y como un factor que fomenta el abuso de autoridad. Pero ese no es el único punto a examinar.

El principal objetivo que se debe buscar alcanzar frente a cualquier iniciativa de reforma policial en Colombia debería estar orientado a restablecer una relación de confianza mutua entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Ese es el único camino que puede acabar con la connotación de adversarios que desafortunadamente se ha construido, a manera de  ejemplo, entre manifestantes y agentes de policía -asociados usualmente al ESMAD-. Ahora bien, ese camino no se debe empezar de cero; más allá de la imagen negativa de la Policía Nacional que muestran algunas encuestas, muchas unidades policiales en el país han logrado mantener buenos niveles de confianza con la población, como por ejemplo la UNIPEP. 

Otro punto de gran pertinencia está relacionado con la responsabilidad política de la actuación de la Policía Nacional, pues esta no es una institución autónoma. Al contrario, es una institución altamente jerarquizada que hoy depende del Ministerio de Defensa, pese a que constitucionalmente la primera autoridad de policía en los territorios sean los alcaldes y gobernadores. Allí hay una ambigüedad que no es nueva, que no se ha podido solucionar y que deja a la Policía Nacional en medio de una controversia de orden político y no doctrinario. Siempre existirán quienes no acatan las órdenes o no siguen los protocolos -y que en consecuencia deben ser sancionados-, pero esa responsabilidad política permitiría fortalecer el espíritu de cuerpo de la institución y facilitaría un proceso más adecuado de rendición de cuentas de cara a la población. Es en este punto donde cobra relevancia la discusión sobre la posibilidad de trasladar la Policía Nacional a un ministerio diferente.

Existen varios elementos adicionales de fondo a tener en cuenta, como la noción de seguridad que debe guiar a la Policía Nacional -es decir, si es bajo un enfoque estricto de seguridad y convivencia ciudadana o uno más amplio de seguridad nacional o ambos-, o el alcance de su régimen especial en materia judicial; y también otros más operacionales o procedimentales como el proceso de selección, reclutamiento y capacitación -focalizado en temas de derechos humanos, que si bien hoy ya existe, siempre hay campo para fortalecerlo-, las instancias de vigilancia, control y sanción al interior de la institución, los niveles de remuneración salarial de los agentes de policía y, especialmente, el ambiente de transparencia institucional, el cual, siendo la Policía Nacional una institución de naturaleza civil, podría estar más abierto a la veeduría ciudadana.

Lo que no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia, es que se promueva un proceso de reforma de carácter unilateral, bien sea que la Policía Nacional decida adelantarlo por su cuenta sin incluir aportes externos a la institución, o que provenga de ciertos sectores de la población -impulsados o no por líderes políticos- que consideren que la Policía Nacional debe cambiar. Debe ser un proceso consensuado, donde la Policía Nacional pueda reconocer qué puede mejorar y la ciudadanía, antes de señalar, pueda entender integralmente el rol, la práctica, las dinámicas internas, los alcances y las limitaciones de la institución policial.

Este proceso de reforma, o mejor aún, de reingeniería institucional, no debe ser visto como signo de debilidad o incompetencia; tampoco debe ser visto solamente como un ejercicio de ajustes parciales para apaciguar un descontento ciudadano puntual. Debe ser un proceso con claros liderazgos civiles y policiales. Sólo así se configurará nuevamente un escenario basado en la confianza entre la policía y la ciudadanía, que lleve a mejorar la provisión de seguridad en el país y que sirva para lograr una salida a  una crisis como la que se ha presentado en las últimas semanas en el territorio nacional.

Andrés Macías Tolosa

Andrés Macías es egresado de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Estudios de Paz y Conflicto de la universidad Tokyo University of Foreign Studies en Japón. Su tesis doctoral se centró en la privatización de la seguridad en el conflicto armado en Colombia. Realizó sus estudios de maestría en la misma universidad y enfocó su investigación en procesos de desmovilización y reintegración de excombatientes. También es especialista en Alta Gerencia de la Defensa Nacional de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente ejerce como docente e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia en temas de política pública de seguridad, privatización de la seguridad y conflicto armado.

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